El feminicidio es un tema importante que se debe de abordar en la agenda pública, pues la importancia de visibilizar este problema es que las víctimas de estos hechos y sus familias tengan justicia, que los culpables sean castigados y que los gobernantes reconozcan la existencia de un contexto que vulnera las garantías individuales de las mujeres.
Hablar de feminicidio significa hablar de violencia estructural, de usos y costumbres misóginas y androcéntricas que en un orden social existente permiten prácticas que provocan la muerte de mujeres y la precarización de su vida.
El concepto de feminicidio en México nace de los hechos violentos que se dieron en Chihuahua y todas las muertas de Ciudad Juárez en el año 2001. Fue la académica y feminista Marcela Lagarde quien retomó estos hechos utilizando el feminicidio para enfatizar tres circunstancias: el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, la impunidad y el incumplimiento del Estado como garante de la vida, la seguridad, la dignidad y la libertad de estas. Lagarde fue también impulsora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que definió al feminicidio como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan impunidad social y del Estado y que pueden culminar en distintas formas de muerte violenta de las mujeres.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, siete mexicanas son asesinadas cada día, y sólo el 25% de los casos son investigados como feminicidios. Por su parte, el periódico internacional El País en México, dice que del 2012 al 2016, 7,404 mujeres fueron asesinadas.
El problema de las muertes dolosas de las mujeres en México es que no son sentenciadas como feminicidios por la falta de investigación por parte de las autoridades correspondientes, pues estos no cuentan con un protocolo de actuación con perspectiva de género.
A partir del 2011, la federación y los estados reconocieron e incluyeron el feminicidio en sus códigos penales. En el estado de Guerrero la tipificación del feminicidio es de hasta 60 años de prisión, establecido en el código penal como un asesinato doloso de una mujer cuando la víctima es amenazada o incomunicada antes de morir, cuando recibe lesiones degradantes o cuando su cadáver es exhibido. Por otro lado, debido a tratados y convenciones internacionales que México ha ratificado para la eliminación de la violencia de género en todas sus expresiones, el país ha recibido recomendaciones que no se han llevado a cabo y ello se refleja en las altas cifras de violencia de género. Lo que significa que a pesar de la creación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 2007 y a que los estados de la república, incluyendo el Estado de Guerrero, la suscribieron, no existe un cumplimiento de la ley. Por ejemplo, a partir de esta ley, y del impulso de organizaciones sociales de mujeres guerrerenses, existe la Declaratoria de Alerta de Género desde hace cinco meses en 8 municipios del Estado y sin embargo no se han implementado medidas de seguridad como el rescate de espacios públicos, patrullajes preventivos en zonas de riesgo para las mujeres y todas las acciones que conlleva la alerta.
En la tercera semana de noviembre de este año 5 mujeres fueron asesinadas: una joven en Acapulco a golpes y navajazos, dos mujeres en Olinalá fueron calcinadas, en Cruz Grande una mujer de 59 años de edad fue violada y después asesinada, y Diana, una niña de 13 años, apareció muerta en Chilapa. Todas estas violaciones a los derechos fueron realizadas por varones. Mientras que el 22 de noviembre, a tres días del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue hallada sin vida Porfiria de 70 años, quien fue desollada y encontrada en la parte alta de la Montaña junto a su hijo. En total, en lo que va del año han ocurrido 128 asesinatos dolosos de mujeres.
¿Por qué seguir exigiendo?
Nombrar y visualizar los feminicidios es reconocer que existe un problema de violencia de género, donde las mujeres se encuentran excluidas y en desventaja social, económica y política. Hacer visibles los feminicidios y las características que presentan las víctimas sirve como conducto de presión hacia las autoridades para castigar a los agresores y exigir políticas públicas adecuadas con perspectiva de género con el fin de evitar prejuicios, discriminación y sesgo en las investigaciones de violencia de género o feminicidio por parte de las autoridades ministeriales, policías, jueces y fiscales, porque actualmente estos no intervienen de manera fáctica en los casos de feminicidios, permitiendo que se naturalice la violencia existente hacia las mujeres.
De poco sirve que se haya tipificado el feminicidio si se sigue investigando y procesando igual que cualquier muerte dolosa. Mientras las leyes y los protocolos no tengan utilidad para las autoridades y estas no sepan aproximarse profesionalmente al fenómeno de violencia de género, nadie resultará responsable y las instancias ministeriales seguirán inculpando a las víctimas y justificando al victimario.
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